Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Cada vez que en una investigación penal de trascendencia nacional un juez deja libres a imputados por vencimiento de términos estalla el escándalo, los colombianos reaccionan airados mientras que la justicia, la Fiscalía y la Procuraduría pierden el poco respeto que les queda como instituciones.

Eso sucedió el fin de semana cuando el país conoció que en Barranquilla el Juez Tercero Penal del Circuito dejó libre por vencimiento de términos a Ramsés Vargas Lamadrid, ex rector de la Universidad Autónoma, imputado por la Fiscalía por seis delitos, entre ellos concierto delinquir, corrupción privada, falsedad en documento y administración desleal.

Mientras esto acontecía en la capital del Atlántico, en Cali un juez dejaba en libertad, también por vencimiento de términos, a la familia Ambuila, célebre luego de que se descubriera que el padre, Omar Ambuila, exdirector de Control de Carga de la Dian en el puerto de Buenaventura, encabezaba una red criminal que ganaba cientos de millones diarios permitiendo el ingreso de contrabando. Es tal su riqueza que a su hija Jenny le regaló dos modernos autos, un Porsche Cayenne y un Lamborghini Huracán Spyder, que la joven ostentaba en sus redes sociales.

Este nuevo escándalo judicial fue debatido ayer en una reunión remota de la Comisión Primera del Senado, en la que, además de las intervenciones con lugares comunes, peticiones y buenos propósitos de los congresistas, el Fiscal General, Francisco Barbosa, destapó irregularidades en la rama judicial que terminan favoreciendo a imputados como Ramsés Vargas y los Ambuila.
 

Aunque parezca increíble, Barbosa dijo que en el sistema judicial a la Fiscalía le ponen restricciones para que cumpla con las audiencias, mientras los términos siguen corriendo y los imputados están quedando en libertad.

Como una colcha de retazos en la que cada juez interpreta las normas de acuerdo con sus antojos para conceder las libertades, el Fiscal General reveló que en los vencimientos de términos unos jueces hacen las cuentas por días hábiles y otros por días calendarios, lo que muestra una falta de unidad y coherencia.

Barbosa pidió que, con el Consejo Superior de la Judicatura, hay que ponerle más seriedad a lo que sucede en el sistema judicial. Se refería a que han existido casos en los que en los Centros de Servicios a los fiscales no les reciben las solicitudes para programar las audiencias, pero en paralelo siguen corriendo los términos y se presentan los vencimientos.

Ante este remedo de justicia, el Fiscal General le pidió al Congreso que avance en una reforma del Sistema Acusatorio montando una estructura con fiscales y jueces de remplazo con el fin de evitar el aplazamiento de audiencias que lleven al indeseable vencimiento de términos.

La sesión remota de la célula legislativa terminó con la propuesta de crear una Comisión Especial para comenzar el estudio de la reforma a la Justicia, reforma que, recordó el senador Eduardo Enríquez Maya, han intentado en 17 ocasiones sin ningún éxito, en favor de la impunidad y el descrédito institucional.